martes, 10 de septiembre de 2013

Conclusión de los disturbios de 1912 en El Cotillo

A por el agua, sin rezos ni plegarias


Así lo debieron pensar quienes por “alborotadores” fueron denunciados y finalmente apresados por orden del juez militar constituido en el pago de Tostón, La Oliva, a principios de 1912.
La memoria del agua escribió allí un capítulo diferente. En El Cotillo no se habló de caños en conflicto, de turno en la captación, capacidad de los aljibes o de propiedad de las mismas. Sin rezar ni implorar a los santos de patronazgo, exigieron el derecho a beber donde, al parecer, siempre lo habían hecho y, en todo caso, compartido.
La autoridad militar allí desplazada pensó que la situación sería fácil de controlar. Iba con la idea preconcebida de que los depósitos en conflicto pertenecían incuestionablemente al Ramo de Guerra y que el uso por civiles estaba prohibido.
Pero quien allí fue a tomar declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo, chocó con el aliento en contra de vecinos como Marcos Rodríguez, Juan González y los hermanos Pedro y Blas de León, que no dudaron en jalear a hombres, mujeres y niños de aquella localidad para que desobedeciendo las prohibiciones, acudieran provistos de latas para hacer aguada como siempre lo habían hecho, amenazando a quienes les estorbasen en su derecho.
El instructor militar desplazado al puerto de Tostón tocó retirada a Puerto de Cabras para, en un Mal Viaje, volver con una sección del Batallón Cazadores de Fuerteventura número 22, autorizadas por el Comandante Militar y por el Capitán General de Canarias, conscientes de que la Guardia Civil disponible en la plaza apenas contaba con un cabo y uno o dos números, a su juicio insuficientes.
Hasta once mujeres fueron denunciadas por el sólo hecho de pedir agua, siendo finalmente apresados y conducidos al cuartel militar de Puerto de Cabras como cabecillas, los siguientes señores:

Marcos Rodríguez,
Juan González,
Pedro de León,
Blas de León,
Manuel León Gutiérrez,
Juan León y León,
Cándido Armas Chacón,
Agustín Morales Alfonso,
Benito González Hernández.

En rigor, los apresados de El Cotillo debían ser retenidos en el Puerto hasta poder despacharlos con destino a Arrecife, sede el partido judicial al que todavía pertenecía Fuerteventura y donde se encontraba la cárcel del partido. Aún no se había creado aquí el partido judicial y la alcaldía portuense hubo de acudir al ejército para que custodiase tal cantidad de presos, como ya lo hiciera tres años antes con los insumisos fiscales de Tetir; y para ello usaron un almacén ubicado en La Laja Negra (inmediaciones de la residencia de oficiales), propiedad del mismísimo delegado del gobierno, don Agustín Pérez Rodríguez.

Sus causas fueron finalmente sobreseídas y archivadas, esperando la curiosidad de quienes deseen recrear este episodio de la historia local.
El triste honor de encausar a quienes solo pedían agua, le cupo al capitán del Batallón de Cazadores de Fuerteventura, don Antonio del Castillo Tejada, que actuó como juez instructor a partir del 6 de mayo de 1912.

Algo de aquellos acontecimientos debiera permanecer aún en la memoria colectiva de El Cotillo. Nietos y biznietos de los encausados o de las mujeres inicialmente denunciadas deben mantener algún tipo de recuerdo. A aquellos, a los que protagonizaron uno de los pocos motines por el agua en Fuerteventura, va dedicado este artículo.